- La licitación del espectro 5G en México enfrenta tensiones entre el IFT, que propone un modelo abierto y regional, y el gobierno, que busca favorecer a Altán Redes mediante asignaciones directas, alegando objetivos de cobertura social.
- Impacto en conectividad y competencia: El enfoque del IFT de dividir el espectro en Áreas Parciales de Servicio busca fomentar la inclusión digital, mientras las dificultades financieras de Altán Redes complican su competitividad frente a operadores como Telcel y AT&T.
La licitación de espectro 5G en México, especialmente en la codiciada banda de 2.5 MHz, se encuentra en el centro de un intenso debate que involucra al gobierno federal, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y diversos actores del sector privado.
Este proceso, que debería ser un paso crucial para la implementación de redes de quinta generación, ha derivado en una compleja disputa política y económica, con implicaciones significativas para el futuro de las telecomunicaciones en el país.
Licitación de espectro 5G en México, la banda de 2.5 MHz: el botín en disputa
La banda de 2.5 MHz, conocida por su capacidad de equilibrar cobertura y capacidad, es esencial para el despliegue de redes 5G en México. Su asignación ha generado una lucha entre el IFT, organismo regulador cuya extinción ya es oficial, aunque faltan las leyes secundarias para que la medida se haga realidad, y el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, a través de la ATDT.
Mientras el IFT busca licitar esta banda de manera abierta, el gobierno ha expresado su intención de asignarla directamente a entidades públicas, beneficiando particularmente a Altán Redes, una empresa público-privada en la que el Estado tiene participación mayoritaria.
Altán Redes opera actualmente una red 4.5G y desea utilizar la banda de 2.5 MHz para desarrollar su red 5G. Sin embargo, enfrenta serias dificultades financieras que le impiden competir en igualdad de condiciones con grandes operadores como Telcel y AT&T en una licitación abierta. Por ello, el gobierno, a través de la ATDT, argumenta que la licitación no cumple con los objetivos de cobertura social necesarios para extender el acceso a servicios en áreas rurales o de bajos recursos.
El modelo del IFT y las APS
El IFT, por su parte, defiende un modelo de asignación basado en Áreas Parciales de Servicio (APS), que divide el país en regiones más pequeñas para fomentar la participación de empresas locales y pequeños operadores. Este enfoque busca mejorar la cobertura social al atraer inversiones que lleven servicios de telecomunicaciones a regiones desatendidas, donde 20 millones de personas aún carecen de acceso digno a internet.
El modelo APS ha sido respaldado por el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), que considera que esta estrategia permitirá la aparición de nuevos concesionarios en zonas menos rentables, mejorando la conectividad en localidades rurales. Sin embargo, la ATDT ha criticado esta división, argumentando que las condiciones actuales no son adecuadas para garantizar la cobertura social.
La estrategia del gobierno y Altán Redes
El gobierno de Sheinbaum ha mostrado un claro interés en beneficiar a Altán Redes mediante la cancelación de la licitación propuesta por el IFT. Altán ha sugerido que la banda de 2.5 MHz sea clasificada como un bien no discriminatorio, similar a la banda de 700 MHz, lo que permitiría su asignación directa. Sin embargo, el IFT decidió mantener la licitación abierta, lo que obliga a Altán a competir con operadores más grandes.
Las dificultades financieras de Altán también complican su participación en la licitación. A pesar de salir de concurso mercantil en 2022 y recibir financiamiento de la Banca de Desarrollo, la empresa aún enfrenta deudas significativas relacionadas con la explotación del espectro de 700 MHz. Esto ha llevado al gobierno a considerar mayores subsidios y la asignación directa de espectro, lo que podría distorsionar el mercado y generar incertidumbre entre los competidores.
El rol del Promtel y las implicaciones de la subasta
El Promtel ha respaldado las propuestas del IFT en su Licitación IFT-12, que incluye 2,223 lotes de espectro distribuidos en bandas como 600 MHz, 800 MHz, y 2.5 GHz. Estos lotes están diseñados para potenciar redes 4G existentes y desarrollar nuevas redes 5G, con un enfoque en aplicaciones de beneficio social como telemedicina y educación a distancia.
La licitación también contempla bloques nacionales en bandas de alta cobertura, como la de 600 MHz, que podrían ser competidos por grandes operadores. Sin embargo, también se han dispuesto más de 950 lotes locales en bandas como 800 MHz y 1.7/2.1 GHz, pensados para empresarios locales interesados en desarrollar redes en regiones menos rentables.
El Promtel ha destacado que esta división territorial permitirá una utilización más eficiente del espectro, atrayendo a operadores móviles virtuales y reduciendo costos implícitos. Sin embargo, la ATDT insiste en que el modelo no es adecuado para garantizar la cobertura social requerida.
Tensiones políticas y el futuro del espectro 5G
La disputa por la licitación de espectro 5G también tiene una dimensión política. El gobierno busca aprovechar la reciente reforma constitucional de simplificación orgánica para reconfigurar el control sobre el espectro radioeléctrico, transfiriendo atribuciones del IFT a la ATDT. Mientras tanto, el IFT sigue ejerciendo sus facultades, aunque enfrenta presiones para cancelar la subasta y su desaparición es inminente.
En este contexto, la banda de 2.5 MHz se ha convertido en un punto álgido. La asignación directa a Altán podría fortalecer su posición, pero también aumentaría los subsidios y generaría desventajas competitivas para otros operadores, que deben pagar altos costos por el acceso al espectro. Esto podría traducirse en mayores costos para los usuarios finales.
La licitación de espectro 5G en México enfrenta retos significativos en medio de una compleja disputa entre el gobierno, el IFT y el sector privado. Mientras el IFT busca fomentar la inclusión de nuevos operadores y mejorar la cobertura social mediante un modelo de APS, el gobierno prioriza el fortalecimiento de Altán Redes, lo que podría alterar el equilibrio del mercado.
El desenlace de esta disputa tendrá implicaciones de largo alcance para el sector de telecomunicaciones en México, afectando la competencia, la cobertura y los costos para los usuarios. La transparencia y la neutralidad en la asignación del espectro serán fundamentales para garantizar un desarrollo equitativo y sostenible de las redes 5G, que son clave para el futuro digital del país.
