El nuevo gobierno de la Argentina decretó la intervención por 180 días de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y de la Autoridad Federal de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (Aftic) y removió a sus autoridades.
AFSCA es la entidad encargada de “aplicar, interpretar y hacer cumplir” la ley de medios y la Aftic tiene como objetivo asegurar el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).En conferencia de prensa, el nuevo ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, explicó que ambos organismos no responden a la nueva estructura orgánica de la Ley de Ministerios, que también fue establecida por un decreto, y “existe una rebeldía de parte de la autoridades a atenerse al nuevo régimen del ministerio que dicta las políticas de comunicación en el país”.
Aguad anticipó que fusionará los dos entes y tildó de militante político al presidente del Afsca, Martín Sabatella. Su cargo ahora lo ocupará Agustín Garzón, ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires y coordinador de profesionales, por el PRO, partido que junto a una alianza con el partido Radical ganaron las últimas elecciones.
“Los entes toman decisiones sin atenerse a las políticas que está fijando el nuevo Ministerio de Comunicaciones. No podemos estar frente a un caos donde las decisiones se contraponen”, agregó el ministro.
“Vamos hacia la convergencia tecnológica y la convergencia de los controles; seguiremos tomando medidas sobre la planeación estratégica de la comunicación de Argentina para mejorarla”, concluyó Aguad.
Según informó el diario La Nación, la nueva medida deroga los artículos de las leyes de medios y de telecomunicaciones (llamada Argentina Digital), que había sido sancionado por el poder legislativo y resistida por los grupos mediáticos más importantes, principalmente el Grupo Clarín.
En octubre de 2013 y después de 4 años de sancionada la norma, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había declarado la constitucionalidad de la ley de medios argentina, cuestionados en la Justicia por el Grupo Clarín.
Por su parte, Sabatella realizó dos presentaciones en la Justicia para frenar el decreto. Un habeas corpus preventivo para garantizar la libertad de los trabajadores y funcionarios y un amparo para frenar el decreto.
