Apenas un día después de que el servicio de transporte Uber comenzó a funcionar en Buenos Aires, la justicia de ese país ordenó al Gobierno de esa ciudad, arbitrar “las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrolle la empresa Uber”, según informó el diario La Nación.
La medida responde a una cautelar presentada por el Sindicato de Peones de Taxis de la ciudad de Buenos Aires, la Cámara Empresaria del Autotaxi, la Asociación Civil de Taxistas de Capital, la Sociedad de Propietarios de Automóviles con Taxímetro y la Unión de Propietarios de Autos Taxis contra el gobierno porteño.
El servicio que funciona a partir de la descarga de una aplicación móvil es pago, pero sensiblemente más barato que le servicio de Taxi.
Como en todas las partes del mundo donde llega la empresa, el servicio encuentra la oposición de los taxistas que lo consideran competencia desleal (porque los autos no pagan el mismo seguro, ni licencias habilitantes, etcétera).
En este caso, coincidió el Gobierno porteño que consideró que Uber no cumple con los requisitos legales para ofrecer un servicio de transporte en la ciudad.
“El Código Civil y Comercial (Ley 26.994), de aplicación nacional, establece en su artículo 1280 la figura del contrato de transporte. En base a este código, una persona puede transportar a otra a cambio de un pago”, dijo Uber en un comunicado. Además, la compañía remarca que las autoridades provinciales pueden trabajar en normas que regulen aspectos específicos de las diferentes especies o categorías que el Código Civil y Comercial habilita, y que no pueden impedir su funcionamiento.
Ahora llega la decisión del Tribunal, que también ordena a la Agencia Gubernamental de Control y a la Secretaría de Transporte porteña confirmar si Uber pidió su habilitación como servicio de transporte de pasajeros.
