- La nueva ley reemplaza al Instituto Federal de Telecomunicaciones con una comisión reguladora bajo control del Ejecutivo
- Incluye avances en cobertura digital, derechos de audiencias y participación comunitaria, aunque algunos sectores dudan sobre riesgos de vigilancia y concentración de poder
Con amplio respaldo legislativo, México reformó su marco legal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, una medida que marca el fin del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el nacimiento de un nuevo organismo regulador. La decisión ha generado reacciones encontradas entre especialistas, quienes reconocen avances, pero también rechazan el alcance de la regulación estatal.
Nacimiento de la CRT
La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue aprobada por el Senado de la República y por la Cámara de Diputados. Entre sus principales cambios, destaca la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano autónomo que regulaba el sector desde 2013.
En su lugar se crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que asumirá funciones de supervisión, asignación de espectro y regulación de servicios. Esta nueva comisión estará bajo la tutela de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y será integrada por cinco comisionados designados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado.
¿Qué busca la nueva ley?
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Ampliar la cobertura de Internet en zonas marginadas.
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Favorecer a pequeños operadores y comunidades indígenas, afromexicanas y rurales en el acceso al espectro radioeléctrico.
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Regular tarifas de servicios móviles.
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Facilitar el despliegue de infraestructura, especialmente en municipios.
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Reconocer nuevas formas de participación regulatoria, como los sandboxes, espacios de prueba para tecnologías emergentes.
Además, obliga a que todas las líneas móviles estén registradas con la CURP del usuario (Clave Única de Registro de Población, es un código alfanumérico único de 18 caracteres que identifica a todas las personas que residen en México), y a que los operadores validen la identidad de quien adquiera una tarjeta SIM.
Opiniones divididas: entre avances y retrocesos
Uno de los aspectos más criticados es la permanencia de herramientas de vigilancia digital, como la localización en tiempo real de equipos móviles. Aunque ya existía en la legislación de 2014, su continuidad bajo el nuevo marco, combinado con un contexto de menor independencia institucional, genera inquietud entre especialistas.
Además, se mantiene la exigencia de identificación oficial para adquirir líneas móviles. Esto recuerda el fallido intento de establecer el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), declarado inconstitucional en 2022.
Derechos de las audiencias y medios públicos
La reforma incorpora medidas en favor de las audiencias:
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Rediseño de códigos de ética en medios.
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Obligación de distinguir entre noticia y opinión en noticieros.
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Prohibición de propaganda política extranjera que comprometa la soberanía nacional.
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Fortalecimiento del papel de los medios públicos, con independencia editorial y participación ciudadana.
También se reconoce la participación de radioaficionados y redes comunitarias, que podrán acceder a licencias y reservar un 3% de su tiempo para publicidad o patrocinios, con descuentos en el uso del espectro a cambio de invertir en infraestructura.
Una ley que aún genera dudas
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, defendió la ley como parte de una política de democratización digital: “No hay censura. Esta ley busca que más mexicanas y mexicanos accedan a Internet”, aseguró. Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la ATDT, subrayó que la norma amplía derechos y no limita libertades.
Como es de esperarse, algunos sectores sectores siguen escépticos. Especialistas coinciden en que la clave estará en cómo se implementen las designaciones, el monitoreo público y el seguimiento.
