El proyecto de ley que establece Internet como servicio público esencial pasa a sanción presidencial. Esta iniciativa busca asegurar la conectividad de manera continua con precios justos y calidad en el servicio.
La plenaria del Senado de la República de Colombia aprobó el texto conciliatorio del proyecto de ley que declara el Internet como un servicio público esencial y universal. Este proyecto brinda nuevas herramientas que permitirán ampliar el acceso a Internet en Colombia, sin importar la localización y condición socioeconómica, además de prever el acceso al servicio en situaciones de emergencia.
«Colombia ha dado un paso histórico en su camino por reducir la brecha digital y aumentar las oportunidades de progreso y desarrollo para miles de colombianos que hoy habitan en las zonas rurales más apartadas. Celebro esta decisión del Congreso que contribuye a que el 70 por ciento de Colombia esté conectado en 2022», expresó la ministra TIC de Colombia, Karen Abudinen.
Y agregó: «Internet es el camino no solo para sobrevivir a esta emergencia desatada por el Covid-19, sino para abrir una senda de progreso que permita a los colombianos tener mayores oportunidades de comunicación, de aprendizaje, de capacitación y de emprendimiento. Durante la pandemia nos vimos en la necesidad de volcarnos a la presencia digital para realizar actividades esenciales que antes hacíamos de manera presencial. Estudiar, trabajar, mercar, ir al médico, socializar y tantas otras tareas pasaron de pronto a ser habitualmente actividades online. Esto nos demuestra que es un servicio primordial para la gente», puntualizó Karen Abudinen.
Cabe anotar que en América Latina y el Caribe más del 50% de los hogares no tiene Internet de banda ancha. Según el diario El País de España, en una de las regiones más golpeadas por la pandemia, eso implica no tener acceso a educación, trabajo o servicios financieros.
De acuerdo con el Observatorio Covid -19 en América Latina y el Caribe – Impacto económico y social, de la CEPAL, América Latina y el Caribe logró conectar a Internet a 2/3 de su población, en donde 40 millones de hogares no están conectados. “La CEPAL ha estimado un costo anual promedio de 1% del PIB de una canasta básica integrada por un computador portátil, un teléfono inteligente, una tableta y un plan de conexión para los no conectados”, indica un reporte de la Comisión Económica para América Latina.
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Derecho a acceso a Internet
El proyecto garantiza el derecho efectivo de acceso a internet, con tarifas asequibles y competitivas, con independencia de la localización geográfica y que en estados de excepción y emergencia sanitaria exista un mínimo de navegabilidad y de mensajes de texto gratuitos (200) para los usuarios.
Así mismo, el proyecto establece que, durante la vigencia de estados de excepción y emergencia sanitaria, los usuarios pospago que estén atrasados en el pago de la factura y cuyo plan no supere los 54.462 pesos, podrán efectuar recargas para usar el servicio en la modalidad prepago y navegación gratuita en 30 direcciones de Internet que serán definidas por el Ministerio TIC con apoyo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), para acceder a servicios de salud, atención de emergencias, del gobierno y de educación.
Sobre el acceso a las TIC, el proyecto contempla que los usuarios tendrán la posibilidad de navegar, de forma gratuita, en un portal de contenido educativo que será elegido en conjunto por los ministerios de Educación y TIC.
El proyecto incluye dentro de las funciones del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC), el financiar el desarrollo de líneas de crédito para los operadores de Internet fijo residencial con menos de 30.000 usuarios, así como exceptuarlos del pago de contribución anual a la CRC y el pago de contraprestación periódica al fondo.
