Empresas tecnológicas que integran la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) calificaron de inconstitucional la iniciativa de gravar sus servicios.
Google, Facebook, Mercado Libre o Airbnb son algunas de las empresas tecnológicas que se pronunciaron a propósito de las nuevas reglas del paquete fiscal 2020 en México.
Los afectados manifestaron a favor de las medidas pero pidieron adecuar formas y tiempo para su cumplimiento. “Cabe recordar que esta industria –que hoy ofrece múltiples soluciones para mejorar la vida de millones de personas en todo el mundo– nace y se desarrolla en una era de constante evolución, por lo que sus empresas participantes reconocen y aceptan que la reglas del juego se tienen que adaptar continuamente, incluyendo la materia tributaria”, manifestó ALAI en un comunicado.
“En la búsqueda de soluciones que permitan actualizar el cobro de impuestos en las plataformas digitales, pero sin afectar los derechos de los usuarios”, advirtió Sissi de la Peña Mendoza, gerente de Comercio Digital y Organismos Internacionales, ALAI.
Para las empresas tecnológicas la medida es inconstitucional
Además, ALAI rechazó la medida para desconectar a las empresas tecnológicas que incumplan con los nuevos esquemas fiscales propuestos. Sissi de la Peña manifestó que la desconexión, no sólo quebranta los derechos de los usuarios –al limitar la libertad de expresión–, sino que además tendría diversas consecuencias técnicas y no técnicas, que dañarían la actividad de terceros.
Por su parte, la Academia Mexicana de Artes (AMACC) fue uno de los actores que reclamó que a las plataformas OTT tributen por derechos de autor en el país.
En la Argentina, desde 2017, estos servicios digitales pagan el impuesto del 21 por ciento que grava a prácticamente todos los bienes y servicios y es pagado por el consumidor. De acuerdo a la ley pagan el impuesto a las compras los servicios “prestados por un sujeto residente o domiciliado en el exterior cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país”.
A principio de este mes, la Secretaría de la OCDE publicó una propuesta para avanzar en las negociaciones internacionales con el fin de que estas compañías paguen impuestos donde sea que “tengan actividades importantes para los consumidores y generen sus ganancias”.
El documento reúne elementos comunes de tres propuestas competitivas de los países miembros. Se basa en el trabajo del Marco Inclusivo OPSD / G20 sobre BEPS, que agrupa a 134 países.
