- El IFT ha ordenado a Telcel vender celulares desbloqueados como parte de nuevas medidas asimétricas para América Móvil, con el fin de fomentar la competencia en el mercado de telecomunicaciones y facilitar la portabilidad de usuarios sin plazos forzosos.
- El mismo día que se anunciaron estas medidas, la Cámara de Diputados avanzó en un dictamen para disolver al IFT, transfiriendo sus funciones al Ejecutivo Federal, lo que generó un intenso debate sobre la independencia técnica y la regulación en el sector de telecomunicaciones.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se encuentra en el ojo del huracán tras haber ordenado a Telcel la venta de celulares desbloqueados, y el anuncio se dio el mismo día que el Gobierno dio señales encontradas, pues mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum pareció dar un respiro a los organismos autónomos por el T-Mec, los legisladores federales avanzaron en la desaparición de dichos entes.
América Móvil, la compañía matriz de Telcel, confirmó que apelará la medida, y en paralelo, la Cámara de Diputados avanzó con un dictamen que podría disolver al IFT, poniendo en peligro la autonomía del regulador.
IFT Telcel celulares desbloqueados, la tormenta de las telecomunicaciones
En el marco de la tercera revisión bienal, el IFT impuso nuevas medidas asimétricas a América Móvil, el Agente Económico Preponderante en el sector de las Telecomunicaciones .
Estas incluyen la exigencia de que Telcel entregue celulares desbloqueados y prohíba la vinculación de la venta de terminales a la contratación de servicios de telecomunicaciones. Además, se le ordenó eliminar los plazos forzosos en los contratos y separar los contratos de equipos y servicios, todo con el objetivo de promover una competencia justa en el sector.
La decisión del IFT busca dar más libertad a los consumidores, permitiéndoles cambiar de operador en cualquier momento sin esperar el vencimiento de un contrato. En palabras del Instituto: “Esta medida permite que las personas usuarias puedan cambiar de proveedor sin necesidad de esperar a la conclusión de algún plazo, garantizando su derecho a la portabilidad”.
La respuesta de América Móvil
América Móvil reaccionó rápidamente a las nuevas disposiciones, asegurando que apelará la resolución del IFT.
“La resolución del IFT no considera los profundos cambios ocurridos a más de 10 años de la imposición de medidas asimétricas”, señaló la empresa en un comunicado.
También argumentó que las modificaciones no reflejan una evaluación integral de la competencia actual y sugirió que las nuevas regulaciones favorecen a competidores que buscan mantener subsidios regulatorios sin invertir en infraestructura.
La medida del IFT que prohíbe contactar a los usuarios portados durante 60 días es particularmente polémica. Según el IFT, esta restricción protege el derecho de los usuarios a probar los servicios de su nuevo operador sin presiones.
Sin embargo, América Móvil criticó estas acciones como “injustificadas y desproporcionadas”, subrayando que afectan su capacidad operativa y competitiva.
La sombra de la desaparición del IFT
El mismo miércoles en que América Móvil anunció su apelación, la Cámara de Diputados de México dio un paso decisivo hacia la posible disolución del IFT.
El dictamen presentado en la Gaceta Parlamentaria propone modificaciones constitucionales que eliminarían al regulador, entre otros organismos autónomos, y transferirían sus funciones al Ejecutivo Federal. La propuesta, impulsada por la mayoría parlamentaria del partido MORENA, recibió 22 votos a favor sobre un total de 40, lo que marca un avance significativo hacia la “simplificación orgánica” del aparato estatal.
El dictamen modifica el artículo constitucional que establece las atribuciones del IFT. En lugar de asegurar que el Estado establezca condiciones de competencia efectiva, el nuevo texto propone que el Ejecutivo Federal, a través de una dependencia, asuma el control de la regulación y supervisión del sector.
Esta iniciativa ha sido criticada por poner en riesgo la independencia y efectividad en la regulación del sector de telecomunicaciones.
Implicaciones para la competencia y el consumidor
La desaparición del IFT plantea serias dudas sobre el futuro de la competencia en el sector de las telecomunicaciones. La medida de entregar celulares desbloqueados por parte de Telcel y de permitir la portabilidad sin restricciones son pasos que, según el regulador, benefician directamente a los consumidores al fomentar la competencia y mejorar las ofertas de servicios.
Sin embargo, la centralización de las políticas de telecomunicaciones en una sola dependencia del Ejecutivo ha generado inquietudes en la comunidad internacional y entre expertos en telecomunicaciones.
Estos cambios podrían afectar la capacidad de México para cumplir con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que estipula la necesidad de organismos reguladores independientes que garanticen la competencia justa y la libre concurrencia.
La decisión de intervenir de manera más asimétrica en las operaciones de América Móvil y la posibilidad de disolver el IFT han atraído críticas y preocupación tanto dentro como fuera del país.
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, sugirió que aunque la propuesta busca evitar prácticas monopólicas, es vital incluir la “Independencia Técnica” en el texto de la reforma para evitar conflictos con el T-MEC. Esta medida podría asegurar la conformidad con el tratado, cuya revisión está prevista para 2026.
En el plano internacional, la eliminación del IFT podría interpretarse como un retroceso en la protección de los derechos de los consumidores y en la promoción de un entorno de competencia saludable. Expertos en telecomunicaciones han advertido que concentrar el poder regulador en el Ejecutivo podría desencadenar una falta de transparencia y un acceso desigual a los recursos de infraestructura.
El panorama regulatorio de las telecomunicaciones en México enfrenta uno de sus momentos más complejos con la orden del IFT a Telcel para vender celulares desbloqueados y la inminente discusión legislativa para disolver al regulador. Mientras América Móvil argumenta en contra de las medidas por ser desproporcionadas y obsoletas, el Congreso avanza en un proceso que podría redefinir las bases de la competencia en el país.
La historia de esta semana pone de manifiesto las tensiones entre el intento de proteger la competencia y el control regulatorio, en un sector que afecta a millones de mexicanos y a la estructura económica del país. La próxima fase, que incluirá votaciones y potenciales reformas, será clave para definir si México seguirá un modelo de regulación independiente o bajo la tutela del Ejecutivo.
