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El Congreso peruano busca garantizar el acceso a información en emergencias,
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Las operadoras de telecomunicaciones advierten sobre costos y limitaciones técnicas
En los últimos días, varias regiones del Perú han experimentado una seguidilla de sismos de diferente magnitud. En este contexto, el acceso inmediato a la información puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Con ese espíritu, el Congreso de la República del Perú avanza en una norma que obligará a habilitar la radio FM en los teléfonos celulares, como herramienta esencial ante situaciones de emergencia. Para sus promotores, no se trata solo de tecnología, sino de una política de interés público. Para las empresas de telecomunicaciones, en cambio, la propuesta es costosa, poco viable y hasta contraproducente.
La Comisión de Transportes del Congreso aprobó el dictamen sustentado en los proyectos de ley 10285 y 10526, que obliga a operadoras y comercializadoras a activar, sin costo, la función de radio FM en todos los celulares que ya cuenten con el chip incorporado. La idea es clara: cuando las redes móviles colapsan —como ocurrió tras los recientes sismos en Lima—, la señal FM puede ser la única vía de comunicación disponible.
El acceso a la información en momentos de crisis
La norma, impulsada por la congresista Lady Camones (APP), también contempla la creación de un Sistema Nacional de Alertas Multicanal y establece sanciones severas —incluidas multas y la prohibición de comercializar dispositivos— para quienes no cumplan con lo estipulado. El enfoque no es menor: Perú es uno de los países más sísmicos del mundo y, según el dictamen, garantizar canales de comunicación masivos, gratuitos y que no dependan de la conexión a Internet es una necesidad de seguridad nacional.
La propuesta se inspira en experiencias como la de México, donde la activación de la radio FM en celulares forma parte del proceso de homologación de dispositivos. En el Congreso, se insiste en que la mayoría de los teléfonos ya cuentan con la capacidad técnica para funcionar como radios; el problema es que los fabricantes optan por deshabilitarla por motivos comerciales.
Las operadoras responden
El sector privado, sin embargo, no recibió la medida con entusiasmo. La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), que agrupa a operadoras como Movistar, Claro, Entel y Bitel, expresó su rechazo al proyecto. Argumentan que muchos modelos, especialmente los más recientes y de gama alta, ya no incorporan el chip FM o han eliminado el conector jack que se necesita para usarlo. Imponer esta obligación, dicen, generaría escasez de equipos, encarecería la oferta local y limitaría la libertad de elección de los consumidores.
“No se puede obligar a vender algo que no se fabrica”, resumió un vocero de AFIN, señalando además que los operadores no tienen poder sobre el diseño de los dispositivos, ya que solo importan modelos definidos por tendencias globales.
También cuestionan otros aspectos del dictamen, como la exigencia de proveer soporte técnico gratuito para activar la función en celulares ya vendidos y el requerimiento de mantener hasta 72 horas de respaldo energético en zonas de riesgo. Según AFIN, este tipo de mandatos ignoran la infraestructura energética del país y terminan trasladando al sector privado responsabilidades que corresponden al Estado.
El regulador OSIPTEL se pronunció en un punto intermedio. Si bien reconoce el valor social de la medida, advierte que su capacidad de acción está limitada al ámbito de las telecomunicaciones, ya que la radiodifusión se considera un servicio privado. Aun así, recomienda seguir el modelo mexicano y aplicar la norma solo a modelos técnicamente compatibles, evitando retroactividades inviables.
La discusión, aún pendiente de debate en el Pleno del Congreso, ha reavivado una tensión persistente: ¿qué papel le corresponde al sector privado cuando se trata de proteger vidas?
Por ahora, la voluntad política avanza con paso firme, impulsada por el recuerdo fresco del último sismo. El sector empresarial, en cambio, pide más diálogo y menos imposiciones. Entre la urgencia y la viabilidad técnica, el país busca un punto de equilibrio para no quedarse sin voz cuando más la necesita.
