El acceso a Internet como servicio esencial y universal es un hecho en Colombia, al ser promulgada la ley por el Presidente de la República.
El Presidente Iván Duque y la Ministra de TIC, Karen Abudinen, promulgaron la ley que convierte el internet en un servicio público esencial y universal en Colombia, hecho que se constituye en una noticia histórica para la conectividad y la transformación digital del país, y que contribuye a la meta de lograr que el 70% de los colombianos tenga internet de alta velocidad, según comunicado de Presidencia.
Con esta decisión, el país suramericano se suma a Francia, Holanda, Canadá, Finlandia, Estonia, México, Costa Rica y Argentina que han declarado a Internet como servicio esencial y estratégico.
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Es preciso recordar que, en el 2011, organismos internacionales como Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) emitieron una declaración conjunta, donde le piden a los Estados «reconocer el acceso y uso de internet como un derecho humano y una condición esencial para el ejercicio de la libertad de expresión».
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Beneficios de la ley
La ley garantiza el derecho efectivo de acceso al internet con tarifas asequibles y competitivas, con independencia de la localización geográfica y que en estados de excepción y emergencia sanitaria exista un mínimo de navegabilidad y de mensajes de texto gratuitos para los usuarios.
Por ejemplo, durante la vigencia de estados de excepción y emergencia sanitaria, usuarios en prepago tendrán acceso al envío gratuito de 200 mensajes de texto y la recepción de estos sin restricción.
En el mismo caso, los usuarios pospago que estén atrasados en el pago de la factura y cuyo plan no exceda los $54.462 podrán efectuar recargas para usar el servicio en la modalidad prepago; navegación gratuita en 30 direcciones de internet que serán definidas por el MinTIC con apoyo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), para acceder a servicios de salud, atención de emergencias, del Gobierno y de educación.
Además, todos los usuarios podrán navegar sin costo en un portal de contenidos educativos elegido en conjunto por los ministerios de Educación y TIC.
Y para ampliar la cobertura del servicio de Internet en las zonas más remotas del territorio nacional, la ley ordena al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) crear líneas de crédito para los operadores de Internet fijo residencial con menos de 30.000 usuarios, exceptuarlos del pago de contribución anual a la CRC y el pago de contraprestación periódica al fondo.
“La excepción de este pago dejará de ser aplicable si los operadores hacen parte de otras sociedades después del 31 de diciembre de este año (…). Queda demostrado que la conectividad no es solo un tema de cables y equipos, sino de beneficios de progreso y desarrollo para la sociedad y la gente”, señaló la ministra TIC.
El Presidente recordó que “en campaña presidencial, siempre recorriendo el país, decía que una de las formas de construir equidad era democratizando el servicio de internet. ¿Qué quiere decir democratizando? Que las familias, así como tienen el agua y la luz, puedan tener el derecho a acceder a este servicio”.
Cabe resaltar, que, según el más reciente Boletín Trimestral de las TIC, perteneciente a enero y marzo de 2021, Colombia superó la barrera de los 8 millones de accesos fijos a internet; una velocidad promedio contratada de internet fijo de 39,4 mbps; 32,9 millones de accesos a internet móvil y 69 millones de líneas de celular.
En América Latina y el Caribe, más del 50% de los hogares no tiene Internet de banda ancha. Según el diario El País de España, en una de las regiones más golpeadas por la pandemia, eso implica no tener acceso a educación, trabajo o servicios financieros.
De acuerdo con el Observatorio Covid -19 en América Latina y el Caribe – Impacto económico y social, de la CEPAL, América Latina y el Caribe logró conectar a Internet a 2/3 de su población, en donde 40 millones de hogares no están conectados. “La CEPAL ha estimado un costo anual promedio de 1% del PIB de una canasta básica integrada por un computador portátil, un teléfono inteligente, una tableta y un plan de conexión para los no conectados”, indica un reporte de la Comisión Económica para América Latina.
