- La empresa de Carlos Slim no detiene su plan de expansión de infraestructura por el debate que desatan los cambios regulatorios
- La empresa destinará 6.700 millones de dólares a redes 5G, fibra óptica y centros de datos, a pesar de un entorno regulatorio incierto
América Móvil, el grupo de telecomunicaciones más grande de América Latina y propiedad del empresario Carlos Slim, se pronunció esta semana sobre la nueva iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se prepara en México. A través de su CEO, Daniel Hajj, la compañía confirmó que está siguiendo con atención el avance legislativo de la propuesta impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Hajj aseguró que América Móvil ya ha comenzado a compartir comentarios y observaciones con los legisladores encargados del análisis de la iniciativa. No obstante, aclaró que aún no emitirán un posicionamiento definitivo hasta que el contenido completo de la ley esté disponible. “Podremos debatirlo más en detalle cuando la ley se haya promulgado, pero por ahora no hay nada que decir”, explicó el directivo.
La iniciativa podría ser discutida en el Congreso de la Unión en la segunda quincena de mayo, según fuentes legislativas. Se espera que proponga una mayor participación del Estado en el despliegue y operación de redes, además de establecer nuevas obligaciones para los concesionarios, en aspectos como cobertura, calidad de servicio y neutralidad tecnológica. Sin embargo, los detalles técnicos de la propuesta aún no han sido presentados públicamente.
América Móvil no frena su expansión tecnológica
A pesar del contexto regulatorio incierto, América Móvil reafirmó su compromiso con la inversión en el país. En 2025, la empresa planea destinar alrededor de 6.700 millones de dólares para expandir su infraestructura tecnológica en México y otras regiones donde opera. El foco principal estará en el despliegue de redes 5G, la ampliación de la red de fibra óptica y el fortalecimiento de sus centros de datos y nubes privadas.
Este nivel de inversión representa una ligera reducción de 6.7% respecto al gasto de capital del año anterior, lo que la compañía atribuye a la oportunidad de optimizar recursos en un contexto de desaceleración económica. “Tenemos todas nuestras Nubes y Centros de Datos listos, lo que nos da una oportunidad este año, con la desaceleración, de reducir el gasto de capital”, explicaron los ejecutivos a los analistas.
El entorno regional y las oportunidades de consolidación
América Móvil también comentó sobre las recientes reconfiguraciones en el mercado latinoamericano, particularmente la salida de Telefónica de algunas operaciones en la región. En este sentido, los ejecutivos señalaron que están abiertos a explorar oportunidades que se alineen con su estrategia de largo plazo, aunque reconocen que será complejo concretar adquisiciones de manera independiente en un entorno tan competitivo.
“Estamos preparados para los cambios que se están dando”, dijeron, en referencia a los movimientos corporativos en América Latina.
El debate legislativo y su impacto en el sector
La iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones llega en un momento clave para la industria. Bajo la administración de Claudia Sheinbaum, se busca fortalecer el papel del Estado en el sector y garantizar el acceso equitativo a internet y telefonía en todo el país. Sin embargo, la propuesta ha generado inquietud en el sector privado, donde actores relevantes han advertido sobre el riesgo de afectar la competencia y la inversión si la ley impone restricciones o controles excesivos.
Organismos empresariales y asociaciones del sector han comenzado a organizar foros de análisis y discusión con legisladores, en un esfuerzo por garantizar que cualquier cambio normativo considere el impacto en la innovación tecnológica, la cobertura nacional y la estabilidad jurídica para las inversiones.
Una señal de confianza, con cautela
El mensaje de América Móvil combina dos posturas: por un lado, una señal clara de confianza en el mercado mexicano, refrendada con un plan de inversión ambicioso; por el otro, una cautela estratégica frente a una reforma legal cuyo alcance e implicaciones todavía no están del todo claras.
Para el ecosistema y los actores de la industria, este será un punto de observación clave en los próximos meses: cómo se equilibra el impulso del Estado por garantizar conectividad con el incentivo a la inversión privada en redes, infraestructura y servicios de nueva generación.
