Varios sectores de la industria y la sociedad civil manifestaron su preocupación por un proyecto de ley en la Argentina que busca bloquear internet.
La Legislatura de la ciudad de Buenos Aires tratará Proyecto de Ley 2298/16 del partido oficial Pro que propone “la posibilidad de bloquear o denegar el servicio de Internet cuando, se realicen conductas ilícitas utilizando este medio, dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o cuando se produzcan sus consecuencias dentro de ésta”.
Gonzalo Navarro, Director Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet, ALAI, señaló que «preocupa fuertemente constatar que con cada vez más frecuencia en nuestra región se considere como normal por parte de legisladores y autoridades la posible aplicación de bloqueos al acceso a Internet y a las aplicaciones y plataformas que se ofrecen a través de esta red, sin que se repare en las consecuencias técnicas, legales y prácticas que este tipo de medidas generan para los usuarios y el ecosistema de Internet en su conjunto, cuyo ejemplos más concretos se han podido constatar con los diversos bloqueos que ha sufrido Whatsapp en Brasil en el último tiempo, los cuales han recibido un rechazo transversal por parte de miembros de la comunidad técnica, la industria, la sociedad civil en la región».
Y agrega que ALAI observa que *el Proyecto de Ley 2298/16, entraña la potencialidad de generar gravísimas consecuencias respecto al normal desarrollo de Internet en Argentina*, mediante el otorgamiento de una atribución amplia, genérica y de connotaciones ambiguas a la autoridad administrativa y a los fiscales, sin que exista la mediación de una orden judicial al respecto, propiciando de esta manera el establecimiento de condiciones de censura administrativa sobre la libre circulación de contenido en Internet y socavando de esta manera una de las piedras angulares en los que se ha sostenido su desarrollo y expansión.
Por su parte, la Cámara Argentina de Internet (Cabase) envió notas a legisladores de diferentes partidos para señalar que la iniciativa «atenta contra el desarrollo de Internet, no responde al marco constitucional vigente, ni a la realidad técnica de internet, sus servicios, aplicaciones y contenidos disponibles».
