Mucho puede comentarse de la recientemente aprobada Reforma Constitucional al sector de las Telecom pero destaca lo ambicioso de su alcance, especialmente después de varios años de tener que conformarnos no con las reformas que queremos sino con aquellas que han sido “posibles”.
Aún falta el que puede ser un tortuoso proceso de ratificación en el Senado, así como la delicada modificación y reglamentación de Leyes secundarias, pero al día de hoy podemos comentar que la Reforma:
Fomenta la inversión: al flexibilizar los límites al capital extranjero en telefonía fija y televisión abierta, lo que facilitará la entrada de potenciales nuevos competidores.
Fomenta la competencia: al permitir que empresas existentes entren a mercados donde hoy no compiten, lo que se logra removiendo restricciones e imponiendo controles a empresas dominantes para evitar que abusen de su poder de mercado (vía mecanismos conocidos por tecnicismos como “must carry”, “must offer”, “desagregación de red local” y otros). Algunos analistas han calificado erróneamente a varias disposiciones asociadas a los costos que deberán enfrentar algunos jugadores cómo “discriminatorias”, olvidando que la necesidad de imponer controles a empresas con poder sustancial de mercado se da en función de una meta clave de la regulación: proteger la existencia de un mercado competitivo.
Simplifica la operación del sector: ya que para el menor de los trámites la industria debe recurrir al menos a dos autoridades (SCT y Cofetel) que frecuentemente se encuentran en disputa y ofreciendo criterios contradictorios. Con la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se concentran en una sola entidad las facultades de regulación.
Crea un regulador “con dientes”: con la creación del Instituto esperaremos no volver a escuchar la recurrente respuesta de las autoridades ante las quejas de los usuarios: “desafortunadamente no tenemos facultades para actuar en esos casos”. El Instituto tendrá capacidad para imponer multas e incluso retirar concesiones a las empresas que violen la regulación vigente.
Establece metas: Porque en un sector con tantas autoridades la constante ha sido una regulación errante sin la guía de un claro diseño de Política Pública. Cobertura de banda ancha, regulación de contenidos y tiempos comerciales en TV, calidad de servicios, migrar a TV digital son varios temas donde la Reforma define claramente metas y responsables.
Sus efectos no serán inmediatos: Al ser una verdadera reforma estructural, sus efectos serán de mediano y largo plazo y no podrán esperarse cambios inmediatos en la estructura de mercado, ni en la variedad o precios de los servicios.
Es una reforma inusual: que pareciera “matar moscas a cañonazos” llevando al texto constitucional minucias técnicas que pertenecerían a documentos de menor jerarquía como programas sectoriales o planes técnicos. “70% de los hogares y 85% de las PyMEs deberán contar con banda ancha”, “se asignarán 90 Mhz en la banda de 700Mhz a la red de Telecomunicaciones de México”.
Tales detalles, totalmente fuera de lugar en una Carta Magna, al ser plasmados ahí quedan “blindados” ante eventuales recursos legales (amparos y otros) que han dado tan mala fama al sector Telecom pero también se “blindan” ante la necesidad de ser actualizados frente al cambio tecnológico.
Es un espejo de las instituciones del Estado: Es significativo que para reformar al sector más dinámico de la economía se tenga que pasar por reformar el instrumento legal que en cualquier democracia moderna debería ser el más estático y menos afectado por el cambio tecnológico: la Constitución.
Los mismos trucos que hoy “blindan” a esta Reforma son los mismos que se necesitarán dentro de pocos años cuando necesitemos llegar al 80% de los hogares y al 95% de las PyMES y la Red de Telecom de México requiera 90MHz más de espectro. Probablemente las prioridades legislativas no estarán apuntando al sector cuando esto se requiera.
Estamos entonces cerca de tener una muy necesaria Reforma a las Telecom y muy pronto, merecidamente, enfrentaremos también los retos que nos plantea el no reformar las arcaicas instituciones que sustentan a nuestro Estado.