Las operadoras móviles colombianas Avantel, Azteca Comunicaciones, Directv, ETB, Movistar, UNE y Tigo emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su apoyo al proyecto de ley antimonopolio para el sector de telecomunicaciones, presentado el 17 de octubre pasado, el cual consagraría, entre otras medidas, que ninguna empresa del sector pueda tener más de un 30 por ciento de participación de los ingresos en el negocio de voz y datos móviles.
Según estas empresas, aludiendo a un estudio de Fedesarrollo, los usuarios de la telefonía móvil en Colombia “han tenido pérdidas por 2.565 millones de dólares” por culpa del desbalance que ocasiona el dominio y tamaño de Claro (antes Comcel), por lo que piden “medidas urgentes para garantizar la libre competencia”.
Y piden “la aprobación del proyecto de ley (antimonopolio) que busca definir topes de participaciones de mercado, para promover la competencia en el sector de telecomunicaciones y que el Gobierno Nacional a través de las autoridades correspondientes, adopte y aplique las medidas regulatorias idóneas”.
El Gobierno, en cabeza del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, presentara el tercer borrador para la subasta de espectro de 4G, y dos paquetes de medidas que buscan promover la competencia (con medidas particulares contra Claro) y mejorar la calidad del servicio de voz y datos.
El documento preliminar estableció que Claro Colombia sólo podrá participar en la puja por la banda de 2,500 MHz, lo que obligará a la empresa de telecomunicaciones a realizar inversiones más altas que sus competidores, pues esa frecuencia requiere de más antenas para lograr un cubrimiento adecuado en comparación con las redes que operan en 1,700 y 2,100 MHz.
Claro, considerado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) como un operador “dominante” en el sector, al concentrar el 61.34% de los suscriptores de telefonía celular, manifestó en un comunicado su inconformidad con la decisión del Mintic.
Según representantes de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), estas medidas particulares sobre Claro (detenidas desde enero pasado) que pretenden reducir el dominio de esta en el negocio de voz móvil, “ya salieron y están en trámite de notificación”, lo que daría un margen de tres semanas para que comience su vigencia.
